El sector minero ha sido una de las principales palancas de crecimiento así como el mayor contribuyente por conceptos de impuestos y otras retenciones durante los últimos años. Tal es el caso que a cifras del 2009 si hiciéramos el rápido ejercicio de cuantas veces este monto podría financiar el presupuesto asignado a los programas sociales ejecutados por el Estado, nos daríamos con la sorpresa que podría subvencionar 14.5 veces el Vaso de Leche, 9.2 veces el Programa Juntos y 6.1 veces Agua para Todos. Es por todo eso que la minería cuestionada o no juega un rol trascendental en la actividad económica peruana.
A unos días que el Ejecutivo se pronuncie respecto al “Impuesto a las sobre ganancias mineras” surgen diversas posturas. Sin embargo, la pregunta válida para empezar tal discusión hace referencia del porque dotar al Estado con mayores dimensiones e ir en contra de una reinvención del mismo buscando prácticas que ponderen la eficiencia. No es tampoco novedad que de nada sirve asignar mayores montos de presupuesto o recaudar más, cuando la gestión de los fondos es deplorable y los programas sociales se yuxtaponen o son regresivos. Es cierto que existen compromisos pendientes con muchas comunidades mineras entrampadas en la pobreza, pero si queremos cumplirlos asignando más presupuesto al Estado, los problemas ya mencionados simplemente lo impedirá y se caerá en la ineficiencia; hacer del Estado un gestor eficiente es una acción de largo plazo.
Adicionalmente, si vamos más al fondo de porque los compromisos pendientes con las comunidades no se pueden cumplir, nos topamos con una pared legal muy fuerte: El Artículo 954 del Código Civil, que hace referencia a que los recursos naturales que yacen en el subsuelo no son de los propietarios del predio sino del Estado, esto no es más que una mera expropiación donde se despoja de derechos de propiedad a los pobladores dejándolos fuera de la nueva relación entre la empresa minera entrante y el Estado; y por consiguiente, fuera de los beneficios que se desprenden de la misma. En ese sentido, dejar a los pobladores fuera de la negociación genera que no se cumplan las leyes del libre mercado para poder sacar a los mismos de la pobreza y simplemente dependan de un Estado que como gestor no es eficiente.
Es bajo este contexto, donde surge la idea de un cambio estructural, modificar la norma legal para poder incorporar a los pobladores, que bajo sus predios yacen inmensurables yacimientos de minerales, dentro de la negociación. Uno podría pensar que este esquema se quebraría por el distinto nivel de capital humano y poder de las partes a la hora de la negociación; sin embargo, la representación de los pobladores debe, en ese sentido, ser parcialmente derivada a un tercer agente. Y es ahí donde surge la tercerización como una alternativa eficiente de solución; es decir, lo que debería hacer el Estado es crear los incentivos necesarios para asignarle a un tercero la representación parcial de las comunidades mineras, un proceso de asignación que enmarque la competitividad entre los potenciales representantes, competitividad que se generaría si estos últimos percibieran considerablemente altos los beneficios esperados de dicha labor. Dado el atractivo de poseer la representación por un mayor tiempo se generaría un proceso eficiente donde se maximice los intereses de las comunidades, evitando el conflicto de interés y la corrupción. De esta manera, se elaborarían contratos muy bien estipulados siendo los más beneficiados las comunidades mineras; dotándolas de los fondos suficientes, que con capacitación de por medio podrían salir de su condición de pobreza e insertarse en una actividad económica más rentable.
Sin duda, surgen diversos cuestionamientos a cerca de la tercerización como una alternativa de gestión pública hay que recordar que esta ha sido aplicada en países de la región en temas de salud y educación dando muy buenos resultados; y si bien, lo que se propone es aplicarla en el caso de la minería en el Perú tercerizando un proceso de negociación de largo plazo, no deja de ser atractiva y tampoco se desalinea de la búsqueda de una mejor distribución de la renta.
